Nombramientos en 2020

El presidencialismo mexicano fue materia de muchos análisis, críticas, estudios académicos y hasta novelas. Su momento crítico más severo fue el de las elecciones presidenciales de 1976, cuando se presentó José López Portillo como único candidato a la contienda.

Después de la reforma electoral de 1977 hubo una serie de reformas constitucionales estructurales para tratar de acotar el enorme cúmulo de facultades constitucionales y metaconstitucionales que se habían venido sumando al titular del Poder Ejecutivo.

Así surgieron los órganos constitucionales autónomos para destinarles funciones administrativas y técnicas de importancia especial y con la intención de separarlas de los vaivenes políticos y cambios sexenales.

Varios organismos que gozan de autonomía habrán de tener renovaciones de algunos de sus miembros, lo cual resulta de especial importancia analizar porque son actores fundamentales y protagonistas del juego democrático de nuestro país.

En marzo próximo deberán ser elegidos dos nuevos comisionados: uno para el Instituto Federal de Telecomunicaciones —que, además, habrá de renovar su presidencia— y otro para la Comisión Federal de Competencia Económica.

El IFT es la máxima autoridad en materia de competencia, de radiodifusión y telecomunicaciones; y la Cofece se encarga de garantizar la competencia y libre concurrencia, así como de investigar y combatir las prácticas monopólicas de los mercados. En ambos casos, el Presidente de la República propone un candidato y el Senado ratifica o no su designación.

El 2019 se dejó pendiente la designación de los consejeros ciudadanos de la Fiscalía General de la República, que es un órgano encargado de vigilar la transparencia y su buen desempeño. Su nombramiento deberá estar a cargo del Senado de la República.

En abril deberá hacerse la sustitución de dos de los siete comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que, al igual que el IFT, también tendrá que haber cambio en la presidencia del instituto. La Cámara de Senadores es la facultada para nombrarlos, aunque pueden ser objetados por el Presidente.

Por otra parte, el próximo 20 de abril, cuatro de los once consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral deberán ser sustituidos por nuevos integrantes electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

La nueva conformación del INE cobrará una enorme relevancia porque tendrán una labor trascendente en los comicios de 2021 y en los nombramientos de los integrantes de los Organismos Públicos Electorales Locales, que son quienes organizan las elecciones próximas en las entidades federativas.

Finalmente, el Banco de México también habrá de sufrir cambios, pues en diciembre de 2020 uno de los cinco miembros que integran su Junta de Gobierno terminará su periodo como subgobernador y con ello se abre la posibilidad de un relevo, cuya propuesta estará en manos del Presidente de la República y el Senado la aprueba.

El diseño de los órganos constitucionales autónomos se pensó para que fueran instrumentos para limitarle facultades al Presidente y que el nombramiento de sus integrantes directivos estuviera a cargo de alguna de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

En el caso de la Cámara de Diputados, el partido político del Presidente no tiene problemas para reunir la votación calificada, y en el Senado se tendrá que recurrir a la negociación política para poder lograr los nombramientos.

Como Corolario, la frase del filósofo alemán Nietzsche: “El valor de un Estado es, a fin de cuentas, el de los individuos”.