¿Quién condena los ataques contra las Fuerzas Armadas?

El asesinato de dos elementos de la Armada en Cancún esta semana ha vuelto a enfatizar los riesgos a los que está expuesto el personal militar que coadyuva en la lucha contra la inseguridad.

Frecuentemente se olvida, pero soldados y marinos también son víctimas de la ola de violencia que azota al país desde hace más de una década.

De acuerdo con reportes recientes, 538 soldados y 73 marinos han muerto en las tareas de combate contra el crimen organizado de 2006 a la fecha. Además, hay más de 200 militares desaparecidos.

En el caso más reciente, dos marinos que estaban francos fueron asesinados en Cancún cuando acababan de llegar de la Ciudad de México, donde tomaron parte en el desfile del 16 de septiembre. 

Ambos elementos —uno de 36 años de edad y otro de 24— estaban asignados al Batallón de Infantería de Marina con sede en Isla Mujeres.

Sus cuerpos, que presentaban huellas de tortura, aparecieron, el lunes, envueltos en sábanas en la Calle 13 de la Supermanzana 65, junto al Hospital General.

Se trata, como digo, de una agresión más contra personal militar, cuya labor no ha sido suficientemente reconocida.

Debemos recordar que soldados y marinos no participan en la lucha contra el crimen organizado porque así se les haya ocurrido.

Lo hacen porque obedecen órdenes y porque la ausencia de policías confiables y capacitados lo ha hecho necesario.

Es verdad que, en el desempeño de esta misión, algunos elementos militares han cometido excesos y violaciones a las leyes. Pero, al tiempo que se señala esto, habría que destacar que la enorme mayoría de los soldados y marinos realizan un trabajo intachable y de mucho sacrificio, para el que han tenido que prepararse sin que sea su vocación ni su responsabilidad principal.

Los militares llegaron a las calles para dar apoyo en tareas de seguridad pública, luego de repetidos fracasos de las autoridades civiles en cuidar la vida y los bienes de sus gobernados.

Después de verse obligados a salir de sus cuarteles para auxiliar a la población castigada por la violencia, los soldados y marinos han experimentado muchas veces la incomprensión y la ignorancia de quienes los señalan por hacer mal su trabajo.

Por supuesto, cuando cualquier autoridad —civil o militar— viola los derechos humanos, debe denunciarse. Pero la desconfianza con que algunos supuestos expertos a veces hablan sobre las tareas que desempeñan los militares, sin revisar con cuidado los hechos que comentan, sólo sirve a los criminales.

Un buen ejemplo es la obstinación de algunas personas en tratar de involucrar en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a los soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.

Ayer, en estas páginas, nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez hizo un espléndido análisis que desarma todas las teorías de la conspiración que se han lanzado contra los miembros de dicho batallón. Le recomiendo mucho que lo lea.

Con ello no estoy sugiriendo que las actividades castrenses no deban ser revisadas. Por supuesto que es importante, pero debe ser siempre con base en información confirmada, no especulaciones.

Si surgiera algún dato duro que pruebe el involucramiento de los soldados en esas desapariciones o cualquier otra violación a los derechos humanos sería obligación de la autoridad procesar a los responsables; y de los observadores, hacer el señalamiento.

En menos de una semana, ha habido sendos actos de violencia contra las instalaciones del propio 27 Batallón de Infantería, en Iguala, y de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo.

Hasta las puertas de esos dos cuarteles llegaron personas encapuchadas para lanzar piedras, bombas molotov y cohetones, y pintarrajear la fachada con lemas en los que se acusa a los militares de estar detrás de los hechos de hace cuatro años en Iguala.

Es una vergüenza que ningún integrante del actual Gobierno de la República ni del que se constituirá el próximo 1 de diciembre haya salido a hacer la más leve condena de esas agresiones (que no protestas, porque no había nada contra qué protestar, ni deben estar amparados en la libertad de expresión quienes así actúan).

Con su silencio, las autoridades presentes y futuras parecen convalidar esas acciones y fomentan la suspicacia que sale de visiones trasnochadas que no han podido superar los tiempos de la Guerra Fría.

Lo bueno es que sobran mexicanos que reconocen el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas, no sólo para colaborar en tareas que no debieran tocarles, sino en mantener protegido al país y ayudar a la población en situaciones de desastre.