¿Hacia el voto electrónico?

Por Jaime Rivera Velázquez

Durante los últimos 25 años, en México se construyó un sistema electoral robusto y eficaz, que ha garantizado repetidamente el traspaso pacífico y legal del poder, sin embargo, persiste una crítica, no carente de razón, de que las elecciones mexicanas son muy costosas.

Pero no hay que olvidar que el costo de las elecciones está asociado al grado de desconfianza que se incubó durante décadas de hegemonía de un solo partido. Como solución a esto se crearon organismos electorales autónomos, profesionales e imparciales, y se agregaron a la organización electoral procedimientos, candados, controles y mecanismos de vigilancia que hicieron imposibles los fraudes electorales. Pero todo eso cuesta dinero, inevitablemente.

Nadie con un mínimo de criterio democrático propondría sacrificar la certeza y la limpieza de las elecciones en aras de disminuir su costo. Entonces, ¿cómo disminuir el costo de las elecciones y conservar la certeza de sus resultados? Una de las vías para lograrlo es el voto por medios electrónicos. Me refiero aquí, no al voto por internet, sino al uso de artefactos electrónicos que reciben, registran, cuentan y transmiten los votos que los ciudadanos emiten de manera presencial, esto es, la “urna electrónica” (o alguna otra denominación análoga), que se practica en 13 países, con resultados casi siempre satisfactorios.

¿Podría adoptarse en nuestro país un sistema de votación por urnas electrónicas? Desde el punto de vista tecnológico, la respuesta es sí. No porque el asunto carezca de complejidad y dificultades, sino porque todo ello tiene soluciones técnicas factibles. Desde un punto de vista político, hay dos condiciones previas que tendrían que cumplirse: la superación de la desconfianza que algunos actores políticos suelen inyectar a toda la materia electoral, y las reformas legales necesarias. Si tales condiciones se cumplen, concretamente, si el Legislativo, con un amplio consenso, aprobara una reforma para sustituir el voto marcado en papeletas por el voto electrónico y un sistema digital de registro y transmisión de resultados, el INE aportaría sus capacidades técnicas y normativas para ponerlo en práctica en un plazo razonable. De hecho, el INE cuenta desde hace varios años con un modelo de urna electrónica probado con éxito en elecciones escolares y sociales. Sería un buen punto de partida para desarrollar y perfeccionar.

La adopción de un sistema de votación por urnas electrónicas permitiría un ahorro enorme. Inicialmente requeriría de una inversión considerable, pero aun ésta se compensaría parcialmente en lo inmediato por la eliminación o disminución de varios rubros de gasto: impresión de boletas, fabricación de urnas comunes, honorarios de capacitadores-asistentes (cuyo número podría disminuir), gastos de campo, PREP, etcétera. Entre los beneficios más palpables de la urna electrónica, aparte del económico, se contarían: simplificar la capacitación de funcionarios de casilla, facilitar y abreviar el cómputo en las mesas de votación (que en las elecciones de 2018 se prolongó hasta cinco horas), emitir resultados mucho más  rápido y reforzar la confiablidad de las elecciones.

Para adoptar el voto electrónico, los partidos y los legisladores tienen la palabra; el INE tiene la disposición y la capacidad para llevarlo a cabo.