Consejo Ciudadano de la CDMX

Por Daniel Aceves Villagrán*

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, en días pasados presentó a los integrantes del Consejo Ciudadano, que sobre la materia representan a diversos sectores de la sociedad y que como grupo plural deberán confeccionarse como un cuerpo colegiado asesor en políticas públicas que incidan en cambios de paradigmas, realizando la protesta del caso la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien manifestó que es para revertir la corrupción, la falta de profesionalización, ausencia de liderazgos y remuneraciones escasas que en conjunto se traducen en un alto índice de impunidad en la ciudad capital.

La criminalidad se asocia a un profundo desgaste institucional, disfuncionalidad social, penetración en las estructuras de gobierno por parte del crimen organizado, vinculado a la alta tolerancia de hechos delictivos, la omisión política en materia de seguridad y justicia ha generado la negación de la presencia de organizaciones criminales de alto impacto, así como de grupos emergentes que son resultado de la fragmentación de otras organizaciones de mayor tamaño.

Pareciera que la negación del accionar de estos grupos criminales, que realizan ejecuciones, extorsiones y secuestros a la luz pública, han cooptado a las estructuras políticas en las alcaldías de la ciudad; la impunidad en la que se encuentran los múltiples antecedentes de comisión de ilícitos ha hecho posible que la delincuencia continúe atentando contra el ecosistema social de la ciudad.

Existen modelos policiacos probados en la memoria nacional o internacional en los que resalta que, en materia de seguridad pública, las medidas más elementales parecen desconocidas.

Los alcances en experiencias internacionales nos refieren a las unidades de policía pacificadora, que se llevó a cabo en Brasil y de manera concreta en Río de Janeiro, donde la estrategia se centra en la intervención policial, seguida por el desarrollo urbano y social, con el objetivo de reafirmar el control territorial, la formalización y provisión de servicios, el reclutamiento de nuevos policías y la adopción de la doctrina de proximidad social, así como el establecimiento de un sistema de objetivos y estímulos basados en resultados.

En Colombia se desarrollo el plan cuadrante en las principales ciudades cafetaleras, el objetivo fue eliminar la autonomía de las autoridades locales y la división del territorio por estaciones de policía (Centro de Atención Inmediata), a fin de desarrollar estrategias para cuadrantes comprendidos por barrios, en los cuales un pequeño escuadrón de agentes o policías asumiría su responsabilidad frente al crimen en el territorio que les fue asignado.

Su implementación en la Ciudad de México no ha tenido los resultados esperados, lo cual se puede explicar por la falta de proximidad policial e incluso, por falta de elementos para dicha tarea.

La tolerancia cero en Nueva York fue aplicada a partir de 1994, como respuesta a los altos niveles de criminalidad y consistió en el incremento presupuestal de las áreas policiacas, donde se adquirieron nuevas tecnologías que se incorporarían al combate contra el delito, un incremento de efectivos policiacos y un cambio de la dinámica operacional de los agentes, que consistía en atender con severidad los delitos leves a fin de prevenir delitos de mayor gravedad.

Si bien la política de cero tolerancia tuvo efectos estadísticos positivos, careció de un enfoque integral que incluyera la participación de la comunidad, mientras que generó otro tipo de problemáticas sociales relacionadas con la discriminación y con la mayor desconfianza ante las autoridades.

Existen prácticas ejemplares en el acervo del combate al delito, la CDMX está por construir su propia realidad, para lo cual es importante destacar que las problemáticas relacionadas con la seguridad pública no desaparecerán trasladando buenas prácticas de una localidad a otra; necesariamente, las políticas deben abarcar estrategias que contemplen medidas más allá de lo policial y lo coercitivo, deben buscar la inclusión de la comunidad, incentivar la prevención, la proximidad, garantizar el respeto a los derechos humanos y ser trazadas desde lo local.

           *Analista