Información, planeación y desarrollo

Uno de ellos, por ejemplo, es la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, que sustituiría al Módulo de Trabajo Infantil que se ha levantado desde el año 2002.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil puede ser catalogado como una “plaga” que debe ser erradicada, pues impide el libre desarrollo de la personalidad de las niñas y niños, dificulta su adecuada educación y les somete a condiciones peligrosas para su salud y para su integridad en general.

Saber cuántas niñas y niños hay en situación de explotación laboral o en condiciones riesgosas es una prioridad para el país y para construir una sociedad apropiada para la niñez, y por el contrario, ignorar esta problemática, su dimensión, presencia territorial y complejidad representa una franca violación al cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez consagrado desde hace ya varios años en nuestra Carta Magna, y el cual implica destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para la infancia.

En la misma tesitura, el Inegi ha advertido que no dispondrá de recursos para el levantamiento de la Encuesta Nacional de Hogares, quizá el único instrumento que de manera periódica nos da información en torno a la salud mental, a través de indicadores de depresión o sentimientos de tristeza de la población, dato fundamental en un país aterrorizado por la violencia homicida, la violencia de género e intrafamiliar, el suicidio y otras expresiones que están directamente relacionadas con la precariedad de la salud mental de millones de personas.

Construir un país de derechos humanos, justicia social y bienestar generalizado implica contar con diagnósticos que permitan documentar la complejidad y que, al mismo tiempo, den la posibilidad de construir nuevas y mejores políticas públicas en aras de garantizar que el impacto de las acciones gubernamentales revertirán los rezagos acumulados en prácticamente todas las esferas de lo público, y de potenciar aquellas que ya están en marcha y que relativamente funcionan.

Si algo es difícil para un país, es la construcción de instituciones eficaces y creíbles. Y en México, instancias como el Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social son dos ejemplos de pluralidad en la integración de sus órganos de gobierno; de solidez conceptual y técnica en el cumplimiento de sus tareas sustantivas; y con base en ello, de construcción de credibilidad y confianza entre sus principales usuarios, pero también ante la ciudadanía en general.

Este año deben publicarse los resultados de la medición multidimensional de la pobreza; pero también se habrá de diseñar el Plan Nacional de Desarrollo, y en consecuencia, los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de la Administración Pública Federal, lo cual requiere de información de calidad; y lo mismo aplica para la actualización que deberán realizar gobiernos estatales y municipales para armonizar sus planes y programas con los objetivos y metas nacionales.

De ahí la necesidad de no recortar el presupuesto de las instituciones generadoras de información y evaluadoras, sino, por el contrario, de avanzar hacia la consolidación de un cada vez más robusto y eficiente sistema nacional de información, que permita el rediseño y consolidación de un auténtico Estado social de derecho.

México necesita más y mejor información para mejorar su sistema de toma de decisiones en todos los órdenes y niveles del gobierno, pues, en efecto, la dimensión técnica en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas exige de un robusto sistema nacional de indicadores y de datos pertinentes para pensar la complejidad, y tratar de enfrentarla con lo mejor del aparato público. Y eso es nada menos lo que se encuentra en juego.