Paridad y violencia política

Ayer se cumplió el primer aniversario de la reforma constitucional que establece “la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder público”. Esto representa el máximo logro en la historia de la conquista de los derechos políticos de las mujeres: del logro de poder votar y ser votada, a la posibilidad de ocupar los espacios de toma de decisiones públicas a la par que los hombres.

A un año de esta histórica reforma, es importante recordar sus alcances, así como la necesidad de que los estados que aún faltan de armonizar su legislación local a la Constitución federal, lo hagan.

En primer lugar, la reforma obliga a que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el gabinete federal sean integrados por el mismo número de mujeres que de hombres, o su aproximación más cercana, lo mismo ordena para sus equivalentes en los estados y municipios, es decir, para gabinetes estatales, congresos locales, ayuntamientos y Poder Judicial en el orden local.

Para el Poder Judicial establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada por ministras y ministros y que la conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos abiertos, con igual número de mujeres que de hombres.

De la misma manera, se aplicará para los partidos políticos, órganos constitucionales autónomos como el INE, el INAI, la Cofece o el IFT, y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. También se establece que los representantes de la población indígena ante los ayuntamientos se elegirán conforme al principio de paridad de género.

La reforma de paridad está acompañada de la reforma en materia de violencia política en razón de género que entró en vigor en abril pasado y que define a ésta como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Sólo alrededor de un tercio de los congresos locales ha aprobado esta reforma en sus entidades, por lo que, de cara a las elecciones de 2021, nuevamente hago un llamado a que aceleren el paso en esta tarea.

Ambas reformas son complementarias y entre las dos garantizan no sólo que las mujeres lleguen a los cargos públicos de toma de decisiones en paridad, sino que los puedan ejercer con autonomía y sin presiones por parte de superiores jerárquicos, líderes partidistas o colegas. Aún falta mucho para que nuestra sociedad sea realmente igualitaria y libre de violencias, pero las reformas de paridad y violencia política son un enorme paso que hay que reconocer.