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Deconstrucción institucional

Javier Aparicio

Javier Aparicio

De un tiempo a esta parte hay una brecha creciente entre la retórica gubernamental y las decisiones o acciones de política pública que se han dado a conocer durante el primer año del nuevo gobierno. Al mismo tiempo, el énfasis discursivo en ciertos términos ha comenzado a ser sustituido por otros más. Van algunos ejemplos de los últimos meses que considero relevantes.

¿Transformación implica destrucción? Aunque por mucho tiempo se ha hablado de la inminente transformación de la República, hay quienes hablan ya de la destrucción de instituciones o arreglos del viejo orden político. Algunos optimistas dirán que, ante la podredumbre del orden establecido, es necesario tirar por la borda todos esos arreglos que no sirven ya. Por su parte, algunos pesimistas dirán que, entre el prejuicio contra todo lo construido en el pasado y la prisa por construir un nuevo régimen sin un plan del todo definido, se están debilitando las capacidades del Estado y se pone en riesgo el diseño institucional de nuestra democracia.

Hay quien dice que la transformación de un régimen implica, por fuerza, destruir cosas. Puede ser. Sin embargo, como sucede siempre que hablamos de diseño institucional, el diablo está en los detalles. ¿Cómo se distingue entre transformar, reformar o destruir? ¿Cómo saber si necesitamos reformar —una vez más— nuestros arreglos institucionales o si hace falta tirarlos para partir desde cero? El diagnóstico y la propuesta para cada ámbito requiere sin duda de un nivel de detalle y un nivel de discusión que escasea en la retórica gubernamental, pero, sobre todo, escasea en los documentos donde deberían estar como sucedió con el Plan Nacional de Desarrollo o con algunas de las iniciativas de reforma legal o constitucional más importantes de este primer año de gobierno.

¿La austeridad implica acabar con la corrupción? Durante la campaña, la versión más simple del plan del nuevo gobierno era “acabar con la corrupción” para así conseguir, entre otras cosas, recursos multimillonarios para financiar proyectos estratégicos.

Más adelante, ya en el gobierno y una vez aprobado el primer Presupuesto de Egresos de la Federación, nos dimos cuenta que, en vez de acabar con la corrupción, lo que en realidad había era un severo ajuste presupuestal que implicaba reducciones tanto en la nómina gubernamental como en diversos ramos y programas. Y como se dijo en este espacio hace unos meses (30/mayo/2019), si bien la austeridad puede tener muchas ventajas, “no es lo mismo combatir la corrupción que implementar medidas indiscriminadas de austeridad. De hecho, “medidas de austeridad mal diseñadas pueden hacer acabar haciendo más difícil el combate a la corrupción misma.”

Siguiendo en el ámbito presupuestal. Lo que para algunos analistas son recortes o subejercicios alarmantes en programas y partidas que ponen en riesgo objetivos de política pública deseables —ya sea en salud, ciencia, medioambiente o infraestructura, entre otros—, para el gobierno central no son otra cosa que fuentes de ahorros.

Vuelvo ahora al diseño institucional de la democracia. ¿Hace falta cambiar la Constitución para cambiar el régimen? Una visión ortodoxa diría que no se puede cambiar el régimen sin cambiar las reglas básicas de la competencia electoral o bien las reglas del ejercicio del poder federal. Sin embargo, el nuevo balance del poder permite alterar algunos arreglos sin cambiar la Constitución. Por ejemplo, hay quien dice que “ya se acabó con el federalismo corrupto” para ir hacia un gobierno federal más fuerte. Para algunos, centralizar el poder en el gobierno federal no parece ser una buena forma de consolidar nuestra democracia. Para otros, aunque el presidencialismo haya sido parte de nuestro pasado autoritario, esta centralización es deseable porque ahora gobiernan “ellos” y no “los de antes”.

Por último, el Ejecutivo se ha pronunciado contra varios órganos autónomos y contrapesos del diseño constitucional que heredó. Para unos, los órganos autónomos reflejan la captura gubernamental por intereses particulares. Para otros, su función fundamental es y sigue siendo acotar la discrecionalidad del gobierno federal. ¿El poder Ejecutivo de hoy ya no merece tales contrapesos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

 

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