La ministra que llegó del SAT

El diagnóstico que ella y sus compañeras de terna, Ana Laura Magaloni y Diana Alvarez Maury, compartieron fue crítico con el carácter elitista de la SCJN, su incapacidad de proveer de justicia a los socialmente excluidos y su omisión ante la impunidad del poder corruptor de los grupos económicamente privilegiados y los delincuenciales.

Fue también una oportunidad para que el Senado se reivindicara después del desaseo que, hace un mes, empañó el nombramiento de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Como respuesta a aquella dudosa votación, la Mesa Directiva, que encabeza la morenista Mónica Fernández Balboa, estableció este 5 de diciembre medidas de máxima transparencia en el depósito y conteo de las boletas de los 122 senadores presentes.

Pero a diferencia de la elección de la CNDH, lo más destacable en el proceso para cubrir la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en la Corte fue que hubo consenso en torno a la calidad de las tres candidatas, cuya formación, trayectoria y entendimiento del Poder Judicial quedaron acreditadas.

Hubo, eso sí, el señalamiento, no falto de razón, de un sector de la bancada del PAN que, en voz del senador Damián Zepeda, alertó sobre el conflicto de interés que representaban las postulaciones de las funcionarias Margarita Ríos Farjat y Diana Alvarez Maury, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y subsecretaria de Gobernación, respectivamente.

Y aunque la mayoría avaló la idoneidad de las aspirantes, la alerta expuesta por el panista adquirió sentido y peso en el voto a favor de la ministra electa.

Por supuesto que la amplia votación que respaldó a la extitular del SAT proviene de 94 senadores que voluntariamente se sumaron a ese perfil.

Pero es importante analizar cómo se construyó esa mayoría calificada, en un contexto en el que los legisladores de Morena y sus aliados del PES, PT y PVEM asumen como instrucciones incontrovertibles los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este caso, la terna enviada desde Palacio Nacional al Senado incluía a una funcionaria que en muchas ocasiones acompañó al mandatario en sus conferencias matutinas, donde el presidente Andrés Manuel presumió los avances del SAT y validó a su titular como artífice de las políticas estratégicas de la Cuarta Transformación.

¿Podía verse a Ríos Farjat como una candidata de relleno, participando sólo para hacer currículum? ¿Era posible imaginar que una de las funcionarias consentidas del Presidente y cercana al enlace del gobierno con los empresarios, Alfonso Romo, regresaría a perseguir a los evasores fiscales sin resentir el desdén de los senadores y de los partidos y gobiernos estatales que representan?

Por supuesto que el cargo que la ministra electa venía desempeñando contó, y mucho, en la decisión de los legisladores. ¿O alguien quiere estar mal con el SAT?

Incluso el argumento central de Ríos Farjat al pedir el voto fue que en esa instancia hacendaria había demostrado su capacidad para erradicar esquemas ilegales, de corrupción y privilegios y que eso es lo que necesita la Corte: ponerle un hasta aquí “a quienes viven a costa de los demás, sin pagar o sin poner su parte”.

Hubo senadores de Morena que apoyaban a Ana Laura Magaloni, cercana al equipo de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Pero al saberse minoría, accedieron al llamado de construir la unanimidad.

Esa peligrosa uniformidad que, como expresión del hiperpresidencialismo, nos regresa a tiempos superados en los que el Ejecutivo Federal es el gran parlamentario.

Y hay algo más preocupante aún como tendencia legislativa observada en esta elección: el deliberado avasallamiento a la oposición.

Nos referimos al vergonzoso alegato de senadores de Morena de que si la oposición, los críticos al gobierno y los activistas de organizaciones civiles apoyaban a Magaloni, su candidatura no podía prosperar.

En voz baja hubo morenistas que pidieron a panistas y emecistas callar sus simpatías por la destacada constitucionalista, porque el apoyo plural le restaba posibilidades.

Son grotescas evidencias del talante antidemocrático que se está incubando en una clase política que pretende negar la diversidad ideológica y partidista de nuestra sociedad y que hoy debería reflexionar ante la mejor definición que escuchamos en este proceso, en voz de Ana Laura Magaloni:

“A la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le toca definir la política pública ni la dirección del cambio. Eso compete a los poderes que cuentan con la legitimidad que proviene de las urnas. A la Corte sólo le compete asegurar que el ejercicio del poder no desborde los cauces que establece nuestra Constitución”.

PD: Tomamos una pausa, esperando reencontrarnos el sábado 4 de enero del 2020.