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Linderos

Francisco Guerrero Aguirre

Francisco Guerrero Aguirre

Punto de equilibrio

La credibilidad y confianza de la democracia dependen del funcionamiento equilibrado entre los tres órganos del Estado. Juntos, en el propósito central de mantener la unidad de la nación, pero por linderos separados, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.

El Ejecutivo, legitimado por la fuerza de la mayoría, gobierna buscando soluciones viables a problemas cada vez más complejos. El Legislativo, símbolo de la pluralidad y la diversidad de opiniones, hace leyes para dar certidumbre a todos los actores de la sociedad. Los jueces, al amparo de la Constitución y las leyes, dirimen las diferencias, sabedores de que sus sentencias son la resolución justa a las controversias naturales en todo sistema democrático.

En un contexto cada vez más hostil y polarizado por las redes sociales, existe un debate permanente en América Latina sobre la independencia de los Poderes del Estado y el rol que cada uno de ellos juega en la consolidación de la democracia representativa.

Cuando se politiza la justicia, se afectan de manera irreparable los derechos  de los ciudadanos y su prerrogativa a elegir y ser elegidos. Es cierto, el Poder Judicial no puede actuar con la lógica de un partido político. Su función social es más trascendente. Su única guía es el cumplimiento del Estado de derecho. 

Al utilizar la justicia para interferir en la política, la consecuencia es que se desgastan las dos (justicia y política), y el resultado final es que se deteriora sustantivamente la calidad de la democracia, perdiendo su credibilidad y confianza.

En los estados autoritarios hemos sido testigos en la región de cómo, a través de resoluciones amañadas, se busca liquidar jurídicamente a los contendientes, encarcelarlos, bloquearlos políticamente, incidir en la correlación de fuerzas y cercar a las organizaciones sociales mediante el uso faccioso de la justicia.

Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático.

Sanchez Urribarri, en su artículo “La politización de la justicia en regímenes autoritarios”, señala que vivimos en una era de creciente autoritarismo y deterioro de la democracia, tendencia que lamentablemente incluye a varios países de América Latina, especialmente Venezuela (Freedom House, 2016). 

Cuando los jueces sucumben al más poderoso, la esperanza de los ciudadanos por contar con un “poder protector” a los abusos del poder se esfuma en una nebulosa de influyentismo y corrupción que distorsiona el propósito fundamental de dirimir controversias de la mano de la ley y no de las amenazas del poder político.

Con razón, Camilo Granada señala que la separación de Poderes es una de las piedras angulares de la democracia y el Estado de derecho y que no es bueno que la rama judicial sea parte del juego político.

Es necesario que los linderos entre la política y la justicia queden bien delimitados y se respeten las órbitas de competencia de cada cual. Que los políticos hagan política y que los jueces impartan justicia.

 

 Balance

Es crucial que los jueces y los políticos entiendan con cabalidad el papel que la sociedad les ha conferido. “Zapatero a tus zapatos”, reza el refrán popular. A nadie conviene que se politice la justicia en aras de intereses particulares, como que se judicialice al extremo la disputa democrática del poder, más allá de los legítimos reclamos que deben procesarse por los caminos judiciales previamente plasmados en la Constitución.

Que cada quien siga su camino, fiel al compromiso original del sistema de división de Poderes, que es la base angular de todo sistema democrático. Mantener los límites de cada Poder del Estado evita el debilitamiento de las instituciones y el incremento de la conflictividad social. Cada quien a lo suyo. Respetando el lindero de la independencia y la legalidad.

*Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia. Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.

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