Irán y su crisis por el coronavirus

Después de China, uno de los primeros países en presentar cifras abultadas de víctimas del coronavirus fue Irán. La principal causa de ello fue, probablemente, el intenso contacto entre China e Irán, ya que, de acuerdo con la Cámara de Comercio que regula esa relación de intercambio, una cuarta parte del comercio iraní se realiza con Pekín. Como Teherán sufre las severas sanciones impuestas por Estados Unidos, el régimen de los ayatolas tardó en tomar acciones para protegerse del contagio proveniente de los numerosos viajeros que se mueven entre un país y otro.

Inicialmente, como lo han hecho varios mandatarios de diversos países, el ayatollah Khamenei subestimó la importancia de la amenaza “del así llamado virus”. Sin embargo, la realidad lo alcanzó muy pronto, por lo que estos últimos días se ha visto obligado a anunciar la cancelación de su tradicional comparecencia pública anual, con motivo del festejo del año nuevo persa, denominado Nowruz, el cual caerá el próximo 20 de marzo. El motivo aducido fue, por supuesto, evitar la expansión de la enfermedad.

Y es que el jueves pasado el Ministerio de Salud iraní anunció que el coronavirus se había cobrado la vida de 354 personas, con mil nuevos casos en un sólo día. Hasta ahora, la cifra oficial de enfermos es de nueve mil, lo cual ubica a Irán como el país más afectado por esta pandemia en el Medio Oriente.

Sin embargo, según legisladores y trabajadores del sector salud, estas cifras distan de ser las reales, ya que todo indica que se trata de una crisis de dimensiones todavía mayores. Además, una parte importante de las víctimas mortales proviene de personal hospitalario –enfermeras, médicos, residentes, personal de limpieza, etc.–, a quienes ahora el ayatollah Khamenei decidió darles el título de “mártires”, calidad que en el islam chiita constituye un honor especial.

Este anuncio provocó fuertes críticas en diversos sectores. Hubo comentarios públicos en el sentido de que la verdadera gratitud debería haberse manifestado en un abasto adecuado a los trabajadores de la salud del equipo necesario para protegerse durante el cumplimiento de sus respectivas funciones.

Un grafiti que pronto se propagó en las redes sociales fue el de la imagen de una enfermera con la consigna de “proporciónenos el equipo y paguen nuestros salarios, no necesitamos el título de mártires”.

Y no era para menos. En la norteña provincia de Gilan, zona especialmente golpeada por el virus, los hospitales han quedado rebasados ante la afluencia creciente de enfermos a los que se busca acomodar en los corredores. Hay falta de todo, no sólo de tomógrafos y ventiladores, sino incluso de material básico como guantes, gasas y cubrebocas. Autoridades de salud, lo mismo que el clero de la ciudad de Qom, han demandado el cierre y aislamiento de dicha provincia para contener la expansión del virus, pero el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Rohani, ha rechazado la demanda.

Por lo pronto, las escuelas están cerradas y probablemente así permanecerán por un tiempo considerable, ya que el ministro de salud, Saed Namaki, anunció que la enfermedad aún no ha llegado a su clímax, calculando que la tasa de mortalidad irá en aumento cuando menos hasta la segunda semana de abril.

En estas condiciones, y tal como está sucediendo en muchos de los países donde la pandemia ha cundido, se registran, desde diversos sectores, acusaciones graves contra altos políticos que se han mostrado pasivos, lentos o negligentes en el manejo de la crisis.

El ayatollah Khamenei y el presidente Rohani han quedado catalogados entre estos personajes que han reaccionado muy tardíamente, además de que, en el caso iraní, esta crisis ha proporcionado una prueba más del carácter autoritario y represivo del régimen. No otra cosa puede pensarse cuando el poder judicial dictamina que sólo el recién nombrado Comité Nacional de Combate al coronavirus es quien está facultado para monopolizar la narrativa acerca de la cantidad de fallecimientos y contagiados, estableciendo, por tanto, que cualquier otra fuente informativa que dispute esos datos, considerados como única e indisputable “verdad oficial”, está cometiendo un acto contra la seguridad nacional, cuyos voceros merecen ser castigados por la ley.