El programa Permanecer en México: detrás del telón
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Columnista Invitado Nacional
Por Alethia Fernández de la Reguera
Los inmigrantes somos un negocio redondo por el paso que vamos.
Nancy, migrante nicaragüense
solicitante de asilo en EU
bajo el programa del Protocolo
de Protección del Migrante
Nancy y su hija Jennifer, de 16 años, salieron de Managua en junio de 2019, con el objetivo de solicitar asilo en Estados Unidos. Ingresaron a territorio mexicano por Tapachula y, extrañamente, tuvieron “la fortuna” de llegar a Reynosa en tan sólo 20 días. Pagó 8,000 USD, por cada una, a un pollero que organizó el cruce por tramos desde Honduras. Lo más duro de transitar por México fueron los dos días de travesía en el tramo de la ruta que operan Los Zetas. “El coyote nos entregó a Los Zetas, venían con un machete. Nos metieron a una camioneta, amontonadas una encima de otra, inclusive había una mujer embarazada. Nosotras temblábamos de miedo, porque vienes poniendo en riesgo un dinero que te lo prestaron, vienes con gente peligrosa y, encima, una patrulla nos seguía. Tienes miedo de que te coja migración, tienes miedo de que te regresen, tienes miedo de qué van a hacer contigo”. Una vez que llegaron a Reynosa, volvieron a tener suerte, ya que, tan sólo en diez días, se entregaron a las autoridades estadunidenses para solicitar asilo en ese país. Pero no imaginaban lo que les iba a acontecer: dos días detenidas en una hielera en Texas y, de ahí, la transferencia al centro de detención migratoria en San Diego, California. “Nos trataron como delincuentes, estábamos con delincuentes de alta peligrosidad. No había agua potable, el baño era al aire libre, donde todo el mundo te puede ver. A una amiga la obligaron a firmar tomándole la mano por la fuerza”. Narra que lo malo de la hielera es el frío y que cuando le preguntó a una oficial por qué estaba tan baja la temperatura, le respondió que era para desinfectarlos. “Te duelen los huesos, los pies, la cara. Todo el día hay luz, no sabes si estás dormido o estás despierto”.
Dos semanas después de la detención, como parte del proceso de solicitar asilo en Estados Unidos, fueron devueltas a México por el punto de internación El Chaparral, en Tijuana. Desde hace seis meses vive con su hija en un albergue y trabaja en una fábrica de televisores, ganando 1,700 pesos a la semana. A Nancy le genera más ansiedad narrar las condiciones de alojamiento en el albergue donde vive que el encuentro con Los Zetas en su tránsito por México o, inclusive, la experiencia de detención en EU. “Los inmigrantes somos un negocio redondo por el paso que vamos”. Dice que, al menos, el coyote que contrató era de su confianza, “finalmente fue mi elección”. Pero, ¿qué hay de quienes se benefician de las personas que solicitan asilo en EU y son retornados a México bajo el programa de Protocolo de Protección al Migrante o Permanecer en México, que el gobierno mexicano firmó con el gobierno de Trump en enero de 2019?
Además del crimen organizado, se benefician otros actores, en este caso, un albergue en Tijuana que opera con negligencia y abusos, y que, además, recibe numerosas donaciones en especie desde California que no llegan a manos de las personas migrantes. Nancy, temerosa, narra las condiciones de alojamiento en ese lugar, con miedo a denunciar ante la enorme vulnerabilidad que implica ser solicitante de asilo en Estados Unidos viviendo en Tijuana. La organización Human Rights First ha documentado 636 reportes de violación, secuestro y tortura contra migrantes retornados a México bajo este Protocolo. “Es muy triste que se colinden diciendo que es una obra buena y es un negocio redondo”. Cuando llegaron al albergue, en julio de 2019, había 350 personas, al día de hoy sólo hay 70. Esto se puede explicar debido al gran número de personas que iniciaron su trámite de asilo en Estados Unidos, pero han desistido del procedimiento debido a varios factores. En primer lugar, la desinformación e incertidumbre, ya que no se imaginan que tendrán que pasar por un proceso que implica hasta un año de espera en Tijuana, con derecho a un número indefinido de audiencias cada dos o tres meses, donde, en cada ocasión que se presentan ante un juez, no saben si serán rechazados e inmediatamente deportados. En segundo lugar, están los problemas de navegar por el sistema de asilo estadunidense, algo que resulta imposible sin representación legal. Las organizaciones que brindan servicios de manera gratuita no se dan abasto y una persona que ha migrado de manera forzada y con recursos limitados no puede pagar un abogado. Ante ello, las personas solicitantes pierden la posibilidad de llenar debidamente la solicitud en inglés, recibir un citatorio, al no tener dirección fija de correo postal y apelar, cuando su caso es rechazado. De acuerdo con el seguimiento que la Universidad de Syracuse realiza sobre este tema, hasta finales de noviembre de 2019, más de 56 mil personas (quienes, en su mayoría, ingresaron en las caravanas del año pasado) fueron devueltas a México bajo el programa de Protocolo de Protección al Migrante. De los más de 24 mil casos que han sido decididos, únicamente se ha otorgado asilo o alguna otra forma de permanencia en Estados Unidos en 117 casos, es decir, menos del uno por ciento. Este programa es una puesta en escena para simular un sistema de asilo que, en realidad, es una estrategia de disuasión y violación a los derechos humanos, principalmente el derecho de ingreso a territorio y el derecho a no devolución, fundamentos cruciales del derecho de asilo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, mejor conocida como la Convención de Ginebra, de 1951, de la cual Estados Unidos forma parte.
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