Fiscalía autónoma y cambio de régimen

No podemos hablar de un cambio del régimen político ni de una transformación de la República si no consolidamos una Fiscalía General y un sistema de procuración de justicia plenamente autónomos. Consolidar la autonomía de la fiscalía es una condición indispensable para combatir la corrupción y la impunidad, así como para enfrentar la crisis de inseguridad, violencia y violaciones a los derechos humanos.

Es por esta razón que cientos de organizaciones civiles y especialistas, agrupados en el colectivo #FiscalíaQueSirva, así como diversas fuerzas políticas, nos hemos pronunciado por reformar el artículo 102 de la Constitución para profundizar el esquema de autonomía de la fiscalía, tanto con un mejor diseño institucional para el nombramiento de su titular como con mejores herramientas de contrapeso, participación ciudadana y rendición de cuentas.

La posición del presidente electo y del grupo parlamentario mayoritario ha sido distinta; desde su punto de vista, el actual modelo no requiere ser reformado; desde su punto de vista, la designación del fiscal debe seguir siendo entre el Ejecutivo y el Senado y su remoción, una facultad del primero. El problema de esta posición es que de poco servirá aprobar una Ley Orgánica de la Fiscalía General, como la que propone Morena, si no le cerramos el paso a cualquier posibilidad de imponer un “fiscal carnal”. Y es que las transformaciones políticas, para que sean duraderas, deben imprimirse en el andamiaje institucional y no quedar sólo en una declaración de buena voluntad.

Por ello, los senadores de Movimiento Ciudadano hemos decidido suscribir de manera íntegra la iniciativa ciudadana del colectivo #FiscalíaQueSirva y presentarla formalmente en el Senado de la República para que sea estudiada y aprobada en este mismo periodo de sesiones, de manera que la próxima administración presidencial inicie sus funciones con una fiscalía plenamente autónoma.

Esta iniciativa contempla, entre otras cosas, que el fiscal dure en su encargo seis años y que en su designación participe activa y formalmente la sociedad civil a través de una Comisión de Designaciones; que el Senado implemente prácticas de parlamento abierto para el proceso de designación; que la remoción del fiscal deba pasar, forzosamente, por el Senado de la República; que se eleven a rango constitucional las fiscalías especializadas, no sólo la de delitos electorales y anticorrupción, sino también la de derechos humanos y asuntos internos, y que sus titulares sean nombrados por el Senado; que exista un Consejo del Ministerio Público, como una instancia plural y especializada que vigilaría y evaluaría el desempeño de la fiscalía, y que las entidades federativas deban adecuar sus constituciones para que no haya fiscales carnales locales.

El Congreso de la Unión y la próxima administración federal pueden dar un paso en la dirección correcta, pueden sacar adelante esta necesaria reforma constitucional y empezar, desde ahora, a transformar las instituciones de la República. La fuerza parlamentaria mayoritaria hoy debe optar entre aprobar un andamiaje institucional que le daría una autonomía parcial a la Fiscalía, cayendo en una simulación, o aprobar la reforma de una #FiscalíaQueSirva, que sea de gran calado y consolide la plena autonomía del sistema de procuración de justicia.

                *Senador de Movimiento

                Ciudadano por Jalisco.