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El pueblo pone: el pueblo quita y el pueblo reelige

Cecilia Soto

Cecilia Soto

¿Qué importancia puede tener la firma pública de un compromiso contra la reelección frente al ataque sistemático a la independencia y fortaleza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? ¿Qué dique puede representar la tinta derramada frente al sometimiento instrumentado desde la oficina del Consejero Jurídico de Presidencia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)? En el primer caso, para el nombramiento de dos ministros faltantes, el Ejecutivo envió sendas ternas diseñadas para favorecer a profesionales cercanos a Palacio Nacional. En el caso de la elección de la ahora ministra Yasmín Esquivel no hubo el disimulo presente en la elección de Juan Alcántara Carrancá. Con  méritos profesionales  por debajo de los que se demandan a los asuntos que llegan a la Corte, en la elección de la ministra  pesó más compartir con López Obrador sus tesis conservadoras respecto a las mujeres y la comunidad LGBTTI y ser esposa del contratista personal de AMLO. El presidente prepara una Corte dócil y un TEPJF obsecuente, ¿qué importa que haga cien planas de “No me voy a reelegir, no me voy a reelegir, no me voy a reelegir”, etcétera?

La tesis esgrimida por él y por el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y que da título a este artículo, será el vehículo para la reelección: la voluntad del pueblo. Y lo que se construye mediante la entrega directa de recursos a millones de mexicanos, el ahorcamiento de los presupuestos de los gobiernos estatales, las intentonas centralistas con los súper delegados, etc., coincide en un solo mensaje: Andrés Manuel López Obrador es el nuevo Tata, el padre de la Patria imprescindible y, sobre todo, insustituible. Él no quiere ahora reelegirse, pero el pueblo se lo pedirá: ¿cómo resistirse, cómo decirle que no si él ya no se pertenece, si ya es uno con la voluntad del pueblo, si ya ha jurado obedecer la voluntad del pueblo?

No comparto las comparaciones de López Obrador con el chavismo o, peor, el madurismo. Pero no hay que tirar a la basura que gobernantes que llegaron en procesos electorales semejantes a los del pasado primero de julio, como en la primera elección de Chávez o la de Evo Morales, se declararon también opuestos a la reelección. Y lo hicieron, sinceramente, con la energía y el entusiasmo de haber llegado al poder en elecciones multitudinarias a su favor. No una, varias veces, declararon su compromiso con la democracia electoral y la renovación de mandato en un nuevo gobernante. Hasta que llegó la fecha fatal para dejar el poder.

El debate inminente en el Senado de la República respecto a la iniciativa para la revocación de mandato será la oportunidad para demostrar de qué cuero salen más correas: si del de los senadores, que en el caso de la Guardia Nacional hicieron valer su peso como oposición, o si Presidencia los someterá, como en el caso de la elección de la ministra Esquivel Mossa.

Los senadores del PAN, MC, PRD, y hasta del PRI, han coincidido en dos argumentos: el Presidente no debe estar en la boleta en las elecciones del 2021 y, segundo, a diferencia de cómo viene en la iniciativa, debe ser el pueblo y no el Ejecutivo mismo el que convoque a un referéndum revocatorio. En este último caso, como no se legisla sólo para López Obrador, el Senado tendría que resolver qué sucedería en caso de que el presidente perdiera el referéndum. No abundaré sobre estos argumentos ampliamente expuestos por la oposición.

Pero el senador Miguel Ángel Mancera ha puesto de manifiesto otra tesis: de aprobarse cualquier cambio constitucional en este caso, ¿deberá tener efecto de inmediato, en este sexenio o deberá tener consecuencias hasta el próximo sexenio? Correctamente, el senador se ha referido a la no retroactividad de las leyes. Si el presidente López Obrador se eligió bajo ciertos supuestos constitucionales, ¿una reforma  constitucional  que afecte esos supuestos podrá tener efectos retroactivos? El Senado podrá referirse a numerosos ejemplos de cambios a artículos trascendentes cuya entrada en vigor sistemáticamente se ha pospuesto al sexenio siguiente. Esto también será más importante que cualquier compromiso firmado.

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y en fb.com/ceciliasotomx

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