El Plan Nacional de Desarrollo

Como era de esperarse, AMLO trasladó al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 varias de sus promesas de campaña. Las metas que se plantea son ambiciosas. En el plano económico, el documento se propone alcanzar un crecimiento económico de hasta 6% en 2024, donde el promedio durante el sexenio, según lo plantea el documento, sería de cuatro por ciento. Por otro lado, puntualiza el reto de incrementar los salarios en un 20% y acabar con la pobreza de 20 millones de mexicanos. Por último, en materia de seguridad, señala que la actividad delictiva habrá disminuido en un 50% al final del mandato.

Respecto a estas propuestas, es importante hacer algunas consideraciones sobre los objetivos establecidos en el PND del nuevo gobierno:

Crecimiento. El promedio de crecimiento del PIB en la última década ha oscilado alrededor del dos por ciento. Llevarlo al 4% requiere un importante esfuerzo en términos de políticas públicas, especialmente en torno a generar inversión.

Más allá del debate sobre su pertinencia estratégica, está claro que los proyectos públicos prioritarios del gobierno, tales como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, no serán suficientes para atraer más inversiones. Por ello, es importante definir qué se hará en sectores estratégicos para llenar el hueco prevaleciente. El sector energético sigue siendo una importante área de oportunidad en la que el gobierno podría trabajar de la mano del sector privado.

Con los elementos adecuados de coordinación, la inversión productiva debería convertirse en un importante catalizador de sinergias con el sector industrial. Llevamos muchos años sin que esto ocurra, más allá de las exportaciones de maquila. Es necesario ampliar la visión sobre la inversión pública y garantizar una renovada política industrial; sin ella, alcanzar el tan deseado 4% será muy difícil.

Por lo pronto, los líderes de la iniciativa privada en México han dicho que, entre los ejes de acción para alcanzar la meta, están el respeto a los órganos autónomos, impulsar una inyección de capital público y privado cercana al 30% del PIB, mantener la paz laboral y garantizar la aplicación del Estado de derecho.

Combate a la pobreza. Sin duda alguna ésta es una meta por demás loable. En un país donde la mitad de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, sacar de ella a 20 millones merece la participación de todos como sociedad.

Las políticas públicas definidas a través de programas de transferencias monetarias pueden lograr que las cifras relacionadas con el nivel de ingreso de muchos mexicanos cambien, pero, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué tan sostenible será este logro?

A la par, es necesario garantizar que, terminado el sexenio, la mejora respecto a salir de la pobreza, sea integral; es decir, en materia de alimentación, educación, salud, vivienda y seguridad social.

La mejora de los salarios será un potente instrumento para alcanzar este objetivo. El titular del Ejecutivo ha asegurado que el poder adquisitivo de los salarios se recuperará en un 20 por ciento. Vale destacar que esta meta es posible de lograrse. La reforma laboral recientemente aprobada, junto con la ratificación del T-MEC, según la Comisión de Comercio Internacional de EU, provocarían que los salarios de los trabajadores sindicalizados en México suban alrededor de 17.2%, en promedio, como consecuencia de la implementación de medidas para reforzar la negociación colectiva de los sueldos. Por cierto, un riesgo que quedó en el texto aprobado es que no se garantiza el derecho a permanecer libre de sindicación, esto debe modificarse, si queremos una verdadera libertad de los trabajadores que derive en paz laboral.

Ahora, el incremento de la competitividad, no sólo deberá depender de la nueva capacidad de negociación colectiva, sino del incremento sostenido de la productividad del trabajo y, sobre todo, de los instrumentos que se generen para cambiar la informalidad estructural que prevalece en nuestro mercado laboral.

Seguridad. Por último, respecto a la reducción de la delincuencia en un 50%, habrá que insistir en las proyecciones de inversión en policías locales y, especialmente, en torno a los recursos que se dediquen a la Fiscalía General de la República y a mejorar las instancias de procuración de justicia en los estados.