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Nacional

Van 10 defensores ambientales asesinados durante pandemia

La Semarnat reconoció que poco se puede hacer para detener las agresiones en contra de los defensores de los recursos naturales y el territorio, debido a que se tiene un sistema judicial débil y frágil

Ernesto Méndez | 27-05-2020
Suman 10 defensores ambientales asesinados durante pandemia
Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que poco se puede hacer para detener las agresiones en contra de los defensores de los recursos naturales y el territorio, debido a que se tiene un sistema judicial débil y frágil, así como un sistema normativo ambiguo, sin garras y ahora sin presupuesto.

De acuerdo con la Semarnat, ni siquiera la pandemia pone un alto a estos ataques, ya que en lo que va de la emergencia sanitaria del Covid-19, han sido asesinados 10 activistas en Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Sonora.

En videoconferencia del ciclo: “Diálogos Ambientales en Sana Distancia”, Benjamín Berlanga Gallardo, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, aseguró que están preocupados y angustiados por los ataques contra los defensores ambientales, “quienes de tanto poner el cuerpo, se les va la vida”.

Destacó que la constante agresión a los ambientalistas es la pervivencia, todavía a largo plazo, de un sistema depredador que supedita la vida para generar productos que se puedan llevar al mercado.

Pero también nos encontramos con la debilidad de un sistema judicial, que no es capaz de poder sancionar lo que está pasando, la agresión a la vida, la criminalización, un sistema judicial verdaderamente débil, frágil que nos tiene colocados en esta situación, y por último un sistema normativo medioambiental ambiguo, tan ambiguo que tiene las uñas limadas en sus garras, y ahora hasta sin presupuesto”, manifestó.

 

No imponer proyectos

 

Por su parte, Mayolo Hernández Hernández, integrante de la Oficina del titular de Semarnat destacó la necesidad de no imponer proyectos a las comunidades, dando paso a consultas públicas, previas e informadas, que además integren a las comunidades a las iniciativas, no sólo como mano de obra sino incentivando actividades de economía solidaria.

Advirtió que no se puede partir de la premisa de que las propuestas del gobierno son las únicas válidas.

“Creo que como gobierno nos toca evitar la sobre valoración de que los proyectos que tienen un punto de partida federal son las únicas propuestas válidas, porque también las comunidades, las universidades y otros actores tienen propuestas válidas y capacidad de diseñar y tenemos que aprovechar esa capacidad de diseño de las regiones, porque eso ayuda mucho para que los grandes proyectos puedan ser realmente integrados”, señaló.

 

247 defensores ambientales con protección federal

 

En tanto, Aarón Mastache Mondragón, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob reconoció que entre 2019 y 2020 creció exponencialmente el número de activistas y colectivos que solicitaron seguridad por parte del Estado Mexicano, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua.

Precisó que a la fecha suman 810 beneficiarios de este instrumento en el apartado de derechos humanos, de los cuales 247 tienen que ver particularmente con la defensa del medio ambiente y la tierra.

“Nosotros lo recibimos con 798 beneficiarios, pero ustedes ven que hubo un incremento de casi 400 beneficiarios el año pasado, y ahora en lo que vamos del mes de mayo, tenemos 100 y creo que vamos por el mismo camino, incrementando mucho el número de beneficiarios, de los cuales de esos mil 206, tenemos que 810 son defensores de derechos humanos y 396 periodistas”, detalló.

En su oportunidad, Alejandra Leyva Hernández, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), subrayó que para detener estas agresiones, se deben impulsar cambios legislativos, contar con un protocolo homologado y exigir acciones de las fiscalías locales y federal para investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos.

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